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Han pasado 37 días desde una resolución del
Popular
plagada de incógnitas, ‘agujeros’ informativos y fallas en el marco regulatorio puestos en evidencia durante su ejecución. Unos puntos opacos que condujeron a la presidenta de la
Junta de Única de Resolución (Jur),
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a reconocer las ampollas y descontento que ha levantado el procedimiento, aunque consideró la operación un completo “éxito”.
El dato más codiciado es la valoración de la entidad efectuada por Deloitte y que deberá argumentar en el informe definitivo que el Jur se niega a divulgar porque contiene información “confidencial”. Solo ha transcendido de forma oficial, en la documentación difundida por su brazo ejecutor el Frob español, que lo tasó entre -2.000 y -8.200 millones, aunque después se filtró la existencia de una tercera cifra que le otorgaría un precio positivo de entre 1.300 y 1.500 millones.
El número exacto es crucial para los accionistas y tenedores de deuda híbrida y subordinada que perdieron sus 3.200 millones de euros cuando la inversión se amortizó para tapar agujeros en el Popular antes de venderlo al Santander.
El Frob apuntó en su informe que, dado que la oferta del grupo cántabro, fue la única “que cumplía los requisitos para su admisión”, la Jur decidió aceptarla “ante los efectos que un eventual procedimiento concursal podría suponer en el mantenimiento de las funciones críticas desempeñadas por la entidad”.
Con esa redacción deja en el aire la incógnita de si las quitas se ajustaron al precio que estaba dispuesto a pagar o no, ante el miedo de que el banco se viese abocado a ser liquidado, vía cuyo coste es potencialmente muy superior y que tampoco aporta. Si la franquicia tenía un valor positivo daría argumentos a los demandantes para exigir un resarcimiento de su dinero a la autoridad europea.
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